| | Más de 400 familias reclaman tener la posibilidad de educar a sus
hijos en el hogar - España defiende que la convivencia entre los niños
es una materia imposible de sustituir
El debate sobre la escolarización en casa se abre paso en España de la
mano del País Vasco, donde el PP y el Defensor del Pueblo defienden su
regulación, y de una realidad marcada por extranjeros que habitan parte
del año en la costa. Buena parte de los socios europeos y EE UU lo
permiten.
¿Es posible aprender en casa todo lo que se enseña en el colegio?
¿Pueden un padre o una madre sustituir a los profesores en la
evaluación de sus hijos? Quienes defienden la educación en casa o homeschooling
sostienen que sí, que los niños pueden formarse en el hogar como si
fuera un aula, que su madre puede ilustrarles sobre las matemáticas
mientras el padre prepara los dictados de lengua, como ocurre en otros
países y como exige un grupo de familias españolas que ha llevado el
debate al Parlamento vasco. En España la escolarización es
obligatoria. Educar en casa -una opción asociada a élites y a familias
antisistema- es ilegal salvo en tres supuestos: enfermedad del alumno,
vida itinerante o residencia en el extranjero. El resto se equipara al
absentismo, un fenómeno sin cifras oficiales. La Asociación de Libre
Educación (ALE) cuenta unas 400 familias en España. Esta agrupación,
que tiene el respaldo del Defensor del Pueblo, ha conseguido involucrar
en su causa al PP vasco, que presentará una segunda iniciativa antes de
Navidad para su regulación. Los que están a favor defienden que se
puede dar una atención más personalizada a cada niño. Quienes están en
contra, dicen que la socialización se alcanza en la escuela y que
ningún padre o madre es competente en todas las disciplinas. Ketty
Sánchez, con cuatro hijos de 7 a 13 años, lleva casi dos años
enseñándoles en su casa de Irún. Quería agrupar a sus niños en un
colegio concertado religioso, pero sólo entraron dos. Y decidió hacerlo
por su cuenta. Ayuntamientos y servicios sociales son quienes deben
controlar que los niños estén escolarizados. Lo hacen gracias a
denuncias policiales o de vecinos que encuentran a los menores en la
calle en horario lectivo. Pero no existe un organismo específico que
controle a quienes están en sus domicilios, según un portavoz del
Ayuntamiento de Madrid. Además, si el caso acaba en denuncia, lo normal
es enfrentarse sólo a sanciones administrativas, como la supresión de
subvenciones, explica una portavoz del Ministerio de Educación. La
cuestión difícilmente entrará en el terreno penal. "No tengo
constancia de sentencias condenatorias", indica Jaime Tapia, ex juez de
menores de Vitoria y miembro de Jueces para la Democracia. "Es un tema
ilegal pero no implica que se produzca una infracción penal", añade. El
caso de Ketty Sánchez llegó a la Fiscalía de Menores de Guipúzcoa por
una denuncia de la inspección educativa que acabó archivada con ese
mismo argumento. Esta mujer dirige una academia de idiomas con su
marido, el norteamericano Michael Branson. Los primeros meses de homeschoo-ling,
sus hijos seguían las lecciones con el manual de su antiguo colegio
desde el salón. "Eran las asignaturas básicas pero enseñadas más
rápido", cuenta Sánchez, licenciada en Lengua e Historia. Sus hijos
dedican cuatro horas, de 9.00 a 13.00, a matemáticas, lengua, historia,
geografía, literatura o conocimiento del medio. Por las tardes van a la
academia a aprender inglés, alemán y euskera, dan música y juegan.
Todos tocan el piano y otro instrumento. En la academia conviven con
otros niños y un viernes al mes se reúnen con más familias partidarias
del homeschooling. Consideran que es suficiente para que sus hijos se socialicen. Pero,
para distintos expertos, la convivencia no es completa sin pasar por
las aulas. "Se trata de que coincidan edades distintas, culturas
diferentes, gente con discapacidad, de otros países..., eso sólo lo
puede dar la escuela", según Miguel Recio, ex miembro del Consejo
Escolar del Estado. "La institución escolar contribuye a que los
estudiantes aprendan a vivir juntos, a respetarse, a ser solidarios, a
construir sus propios valores mediante la reflexión y el encuentro con
los valores de los otros. La educación en casa tiene el serio riesgo de
perder esa posibilidad enriquecedora", añade Álvaro Marchesi,
catedrático de Psicología Evolutiva y Educación y ex secretario de
Estado. "No es lo mismo saber que saber enseñar, ningún padre tiene
derecho a dar una asignatura de manera parcial a su hijo", añade Arturo
Canalda, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Los expertos establecen cuatro categorías generales de homeschooler:
sectas ideológicas o religiosas, formas de vida alternativas,
desencantados de la escuela que creen que pueden hacerlo mejor o
quienes se adaptan, por ejemplo, a un difícil horario por estudios
artísticos o deportivos. Y considera que cada forma debería
considerarse de manera distinta. En lo que sí coinciden casi todos es
en que no es lo mismo faltar a clase por ser absentista que por
aprender en casa. Y en que debería considerarse de forma diferente. ¿Cómo
está contemplado hasta ahora? La Constitución establece la obligación
de una educación básica y gratuita. No alude a la escolarización. Sí lo
hace la Ley Orgánica de Educación (LOE) que obliga a 10 años de
escolaridad. Los padres que educan en casa se aferran a que la
Constitución deja la puerta abierta y a la Declaración de Derechos
Humanos, que les da un "derecho preferente" para elegir la educación de
sus hijos. "Dentro del marco educativo existen centros con idearios
distintos que garantizan la atención a la diversidad sin necesidad de
educar en casa", rebate Javier Vidal, director general de Evaluación y
Ordenación del Sistema Educativo del Ministerio de Educación. Vidal
considera que permitir esta opción sería "muy difícil de controlar"
porque habría que crear un sistema alternativo de seguimiento de esos
alumnos. Los padres que educan en casa se apoyan en los ejemplos
de otros países (Francia, Inglaterra, Italia, Portugal o Estados
Unidos, entre otros) para reclamar que no es tan difícil. Paco
González, doctor en Pedagogía, mantuvo la matrícula de sus dos hijas,
de 17 y 13 años, en Inglaterra cuando se mudó a Alcalá de Henares
(Madrid). Se educan en casa y se examinan por libre fuera. Asegura que
su modelo ha permitido "más flexibilidad" a sus hijas para descubrir lo
que más les gusta. Daniela, la mayor, es una apasionada de la danza, la
fotografía artística y el diseño. Para el curso que viene buscará una
universidad inglesa en la que estudiar moda. La pequeña, Stephanie, se levanta dos horas antes de empezar sus clases
para tocar el piano. La familia entera se apuntó este verano a un
campamento como monitores de inglés. Hacen muchas actividades juntos,
algo que tampoco aprueban los expertos en educación. "Tal vez no sea
bueno que coincida año tras año la autoridad académica y la autoridad
familiar", señala Marchesi. "En estos modelos hay una tendencia a la
sobreprotección, el niño se tiene que caer en el patio, discutir con
los compañeros..., una familia no puede suplir al profesor ni a los
compañeros de clase", añade Canalda. El Defensor del Pueblo y el
Defensor del Pueblo Andaluz piden a las administraciones un estudio
detallado y una regularización. El último en pronunciarse ha sido Íñigo
Lamarca, el ararteko (Defensor del Pueblo vasco), que en una
resolución de este año resalta "la necesidad" de debatir un posible
reconocimiento legal de esta fórmula con una salvedad: los derechos del
niño. "Los padres no pueden dar la educación que quieran a sus hijos
porque no son de su propiedad; esa educación también compete a los
poderes públicos y no puede ser un subterfugio para que los padres
tengan carta blanca", explica. El Ararteko recibió una queja de
Ketty Sánchez. El PP vasco también llevó su caso al Parlamento en
primavera de la mano de su portavoz de Educación, Iñaki Oyarzabal. "No
queremos un vacío legal que pueda desproteger a las familias", explica
Oyarzabal, que pide "una regulación que garantice la educación del niño
y la libertad de elección de los padres". Medio año después de la
comparecencia de Ketty Sánchez en el Parlamento, el PP presentará otra
iniciativa para exigir al Gobierno vasco que se pronuncie sobre la
regulación antes de diciembre, antes de las elecciones. "Quieren mirar
para otro lado y dejar correr la legislatura, pero volveremos a
reclamar un debate", asegura Oyarzabal. A escala nacional, el PP va un
paso por detrás. No exige una regulación, pero sí abre la puerta a
estudiar un fenómeno "muy nuevo en España", según Juan Antonio Gómez
Trinidad, portavoz popular de Educación en el Congreso. Los miembros de
ALE reclaman que no obliguen a sus hijos a escolarizarse en un modelo
que "no puede ofrecer todas las garantías", según Ketty Sánchez. "No da
todas las garantías ni lo pretende, no puede sustituir a los medios de
comunicación, a la vida, a la familia, pero todo el conjunto es mucho
más útil para formar ciudadanos", rebate Miguel Recio.
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